Ley Wert
Como viene siendo habitual siempre que
se aprueba una Ley no consensuada entre todos, ha provocado la
disconformidad y los argumentos a favor y en contra. La aprobación de la
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), popularmente
llamada Ley Wert, pretende dar respuesta a la lucha contra los malos resultados académicos,
que sitúan a España muy por debajo de la media europea, al igual que
los altos niveles de abandono escolar. Otros de los objetivos planteados
por la ley es, frente a los crecientes niveles de paro juvenil,
integrar a los estudiantes en el mercado laboral cuanto antes, en un sistema de formación dual semejante al de Alemania.
Se insiste en que la Ley es una apuesta por la calidad y
la autonomía, pero existen dos puntos que han causado una particular
controversia entre las partes implicadas en la educación, la religión y los idiomas.
La primera porque la religión vuelve a ser considerada
una asignatura que tiene el mismo valor en la nota final que otras
asignaturas como matemáticas o lengua. Está bien recordar el pasado y
descubrir que Leyes como la de Moyano de 1857 pretendían dar el
protagonismo al Estado frente a la Iglesia que dominaba el sector
educativo por aquel entonces.
La segunda, los idiomas, porque algunas comunidades
autónomas bilingües como Cataluña, han señalado que el hecho de que las
lenguas autonómicas hayan pasado a ser materias de especialidad, y no
sean evaluables en las pruebas estatales, este último punto tiene que
ver con la cesión de la competencia de educación a las autonomías, que
provoca la politización en la educación.
Punto destacable es el de la llamada formación profesional dual,
es decir, la combinación de los estudios teóricos con el conocimiento
práctico obtenido a partir de prácticas remuneradas en empresas, lo que
no dice la Ley es que la “selección” de los alumnos que tendrán derecho a
estudiar se pone en manos de las empresas, las cuales eligen a los
alumnos que realizarán las prácticas, es decir, los alumnos no tienen
los mismos derechos a estudiar, dependen de la decisión de una empresa.
Uno de los puntos polémicos de la Ley Wert es el que
señala que partiendo de la premisa de que la calidad educativa debe
medirse en función del OUTPUT y no del IMPUT, o como señaló el propio
ministro Wert “la educación puede mejorarse sin necesidad de aumentar la
inversión. Para ello la Ley pretende apostar por la DIVERSIFICACIÓN,
es decir, la división del alumnado a edades más tempranas para
orientarles hacia la vía educativa que mejor se adapte a sus necesidades
y aspiraciones.
Otro punto polémico es el de las REVÁLIDAS,
tras la desaparición de la selectividad, no hará que desaparezcan las
pruebas de nivel. Al final de la Primaria, la ESO y el Bachillerato
evaluarán los conocimientos del alumno, que establecerá una “criba” que
impedirá a los que las suspendan seguir estudiando. Esto tiene una doble
lectura, que es no sólo calificar a los alumnos, también establecerá
calificaciones a los centros educativos favoreciendo la competitividad
entre ellos, o quizás un autoengaño de las calificaciones para conseguir
mayor prestigio.
Está bien recordar como aportación las palabras de Claudio Moyano.
“lleva mi Ley
30 años en vigor, durante este periodo ya saben los señores Senadores
por cuantas vicisitudes ha pasado este país, ha habido dos monarquías,
dos o tres repúblicas y la Ley sigue vigente, esta Ley ha durado y
durará muchos años porque dicha Ley y esto puedo decirlo muy alto, fue
una Ley Nacional, no de partido.”
